El gobierno dictó la conciliación obligatoria. Hoy estaba previsto iniciar paros y movilizaciones.

El Ministerio de Trabajo dictó ayer la conciliación obligatoria por un período hábil de diez días a partir de hoy en el conflicto salarial entre la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las cámaras empresarias, con lo que logró postergar hasta después de las elecciones legislativas la amenaza de paro y movilización más importante que amenazaba al Gobierno.

La medida fue acatada de plano por el sindicato que conduce Antonio Caló, aliado de Néstor Kirchner para los próximos comicios; y por las cámaras empresarias que venían amenazada su producción por las posibles huelgas que el gremio disponía concretar desde ayer. Los metalúrgicos, que en el caso de las pymes operan a un promedio de capacidad instalada de menos del 45%, protestaron igualmente por la decisión oficial de intimar a las empresas a abonar a todos los trabajadores 500 pesos no remunerativos «a cuenta» de lo que resulte de la negociación paritarias. El aumento, según lo dispuesto por la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, alcanzaría al 80% del total de los más de 300.000 trabajadores afectados por estas discusiones.

Las empresas habían ofrecido un pago de 200 pesos mensuales a partir de abril, por lo que Trabajo impuso el pago «a cuenta» de 500 pesos antes de fin de mes y propuso continuar el diálogo el próximo lunes 22 a las 15, pero ya sin la amenaza de paro.

La huelga convocada por el sindicato de Caló se había enmarcado en un plan de lucha que debía comenzar hoy a las 10 con abandono de tareas en todas las seccionales del país, en tanto el personal de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires iba a concentrarse en la Plaza del Congreso.

En las discusiones están implicados sectores claves, y afectados severamente por la crisis económica (tanto en sus importaciones como exportaciones y sus ventas dentro del mercado interno) los autopartistas, aluminio, artefactos para el hogar, máquinas de herramientas, maquinaria agrícola, acabado de metales, repuestos para automotores, ascensores, aleaciones, GNC, electrodomésticos, electromecánica y metalúrgicas en general, la mayoría afiliados a la cámara ADIMRA.

Una de las decisiones tomadas también ayer es que las discusiones con Techint, Aluar y el resto de las siderúrgicas más grandes del país se resuelvan por separado.

Desde la semana próxima, el Ministerio de Trabajo organizará una discusión directa entre la UOM y el Centro de Industriales Siderúrgicos.

Como aperitivo, el ministerio terminó de comunicar ayer a Techint que en las obras comprometidas para la reparación y construcción de un horno en Siderca deben terminar en diciembre y no antes (la empresa tenía pensado acelerar los tiempos para agosto o setiembre). Esta medida, implementada a pedido de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), apunta a sostener el vínculo laboral de los trabajadores afectados para que éstos no dejen de tener empleo formal hasta 2010.

La construcción de este horno en la planta de Campana había sido el primer conflicto de 2009 entre el Gobierno y Techint. La compañía de los Rocca había dispuesto en enero suspender el ritmo de levantamiento del proyecto, debido a la crisis financiera, amenazando con el despido de unos 600 empleados. Luego de un cierto tiroteo, el Ejecutivo negoció con el Grupo Techint no suspender las obras a cambio de la aceleración del primer pago de la indemnización por la nacionalización de Sidor hecha por el Gobierno de Venezuela. Las partes cumplieron la promesa, pero la nueva tanda de estatizaciones bolivarianas y la decisión de Techint de adelantar el final de obra, terminando los contratos con los empleados antes de tiempo, generaron un nuevo conflicto que ayer Trabajo dio por terminado.

Fuente: Ambito Financiero (17/06/09)