A pesar de que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba aprobó una ordenanza declarando de utilidad pública al predio de la fábrica de cristales CIVE y autoriza su explotación por dos años a la Cooperativa de Trabajadores formada por los 75 empleados -previo pago de una indemnización a su actual dueño, Hugo Ardiles-, todavía persiste el conflicto por la empresa más importante que proveía parabrisas a las fábricas automotrices.

Ayer se reunieron una vez más un grupo de trabajadores junto a sus abogados, más el empresario Hugo Ardiles, el fiscal que entiende en la quiebra, Rubén Caro, y el ministro de Justicia de la provincia, Luis Ángulo, pero al no alcanzar una solución, hoy volverán a hacerlo en la oficina del fiscal en el edificio de Tribunales II. Los trabajadores, que todavía mantienen ocupada la fábrica, exigen a Ardiles que asegure la continuidad laboral de todos ellos durante cinco años, mientras que el empresario dice estar dispuesto a ocupar a 40 de ellos, los que aprobaron el examen médico de la ART. Los representantes de los trabajadores recordaron en esa reunión que el pasado 21 de mayo el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza por la cual se les otorgaba durante dos años la explotación de la planta, a cambio de indemnizar al actual dueño del 80% de las acciones de la empresa con $11 millones. Sin embargo, Ardiles, que en el 2006, cuando la empresa se declaró en quiebra con continuidad, era el síndico, insistió en que “hay un acercamiento entre las partes pero todavía no llegamos a una solución definitiva”.

Quien todavía no ha dado su aprobación a la ordenanza es el intendente Daniel Giacomino, aunque ha dejado en claro que podría vetarla porque entiende que lo mejor es no entrar en conflicto con la resolución de la jueza que lleva adelante el proceso de quiebra.

El conflicto se desató en la fábrica de parabrisas y espejos en diciembre del año pasado cuando se les informó a los trabajadores que no habría vacaciones. La reacción de los empleados no se hizo esperar ya que entre su personal el que menos antigüedad posee son quince años. En enero empezaron a enviar los telegramas con suspensiones y el 27 de marzo la jueza Marcela Antenucci, del Tribunal Civil y Comercial N° 52, envió la orden de cierre de la empresa.

A partir de ese día comenzó la toma de la fábrica por parte de los trabajadores quienes resistieron dos intentos de desalojo ordenados por la jueza y efectivizados por el fiscal Caro. El segundo de esos intentos fue el pasado martes 2 de junio cuando las autoridades de la provincia, el secretario de Trabajo Ornar Sereno y el ministro de Justicia, se hicieron presentes en la fábrica para mediar entre la policía y los operarios.

El primer intento de desalojo se produjo hace dos semanas cuando la jueza Marcela Antenucci le otorgó la firma al empresario Hugo Ardiles con la promesa de que “por buena voluntad” mantuviera a la totalidad de los empleados pero sin fijarle ningún plazo. Como reacción a esta medida los trabajadores se reunieron con concejales del Frente Cívico y Social y en conjunto redactaron la ordenanza sobre la base de la ley de expropiación provincial que fue sancionada luego de la crisis del 2001 y cuyas primeras experiencias fueron la de la Clínica Junín y la fábrica de tractores Pauny, ambas recuperadas por sus trabajadores.

Fuente: BAE (04/06/09)