La fábrica de automóviles Chrysler cerró este viernes todas sus plantas en Estados Unidos, al tiempo que un grupo que representa a 20 prestamistas de la automotriz -a quienes la empresa debe alrededor de de US$1.000 millones- busca objetar que la empresa se declare en bancarrota.

Este anuncio se da un día después de que la compañía comunicó su decisión de buscar protección financiera inmediata apegándose al capítulo 11 de bancarrota y conformar una alianza con la empresa automotriz italiana Fiat.

Los acreedores quieren impugnar los términos de un acuerdo al que llegaron la empresa y el gobierno para disminuir los casi US$7.000 millones de deuda de la compañía, por medio de procesos judiciales.

Algunos especialistas consideran que el proceso puede retrasar el plan de recuperación de la Chrysler.

El capítulo 11 protege a las compañías de sus acreedores, para permitirles mejorar su situación financiera sin parar sus operaciones.

La primera audiencia de bancarrota se realiza en Nueva York y es presidida por el juez Arthur González.

Hasta el tope 

Se espera que ésta lidie con problemas básicos como el pago a trabajadores, administración del efectivo y costos de utilidad.

Ante una corte hasta el tope, llena de abogados y sus asistentes, el juez escuchará las denominadas “mociones del primer día” que permitirán a Chrysler seguir operando.

Tal es la expectativa en el caso que se han abierto dos cuartos especiales con enlaces de audio y video en la corte de Manhatan.

La automotriz aseguró que la transición hacia la bancarrota es la única manera de evitar su liquidación.

Sin embargo -durante las próximas semanas- todos aquellos con intereses en el futuro de Chrysler como acreedores, proveedores, vendedores y trabajadores, buscarán hacer escuchar sus voz en el proceso legal.

El gobierno estadounidense ha hecho un llamado para que la bancarrota sea rápida y “quirúrgica”, con un proceso que no vaya más allá de dos meses.

Un oficial de la Casa Blanca dijo que la mayoría de los accionistas de Chrysler apoyaban el acuerdo.

Asimismo se espera que las autoridades pidan al juez forzar a los acreedores que disciernen con el plan, a aceptar la misma oferta que otros organismos -que tienen el 70% de las deudas- han aprobado.

Chryslaer Canadá -que no forma parte del acuerdo de bancarrota- seguirá operando hasta que se terminen las piezas automotrices con que cuenta, informó el presidente del sindicato canadiense de trabajadores automotrices, Ken Lewenza.

La automotriz planea vender sus bienes más preciados, como las marcas Jeep y Dodge, a una compañía que pertenecerá al gobierno, Fiat y a los trabajadores.

El grupo de 20 prestamistas informó -en un comunicado conjunto- que sus miembros habían sido criticados por tratar de proteger los intereses de sus inversores, incluidos sindicatos, asociaciones de maestros y planes de pensión y retiro.

Excluidos

Además en otro comunicado aseguraron que habían sido “sistemáticamente excluidos” de las negociaciones con el gobierno.

El profesor John Pottow de la Universidad de Michigan -especialista en bancarrotas- dijo que el nivel de envolvimiento del gobierno federal fue mucho mayor del que se da en otros casos de bancarrota corporativa.

“Si el presidente de EE.UU. quiere que algo suceda, cualquier cosa puede ser posible hablando de protección de bancarrota”, dijo Pottow.

Mientras tanto los proveedores de la empresa también encaran un momento incierto.

Meter de Lorenzo, de la revista en internet Auto Extremist, dijo a la BBC que “las espaldas de los proveedores están contra la pared”.

“Será una transición muy dolorosa”, dijo de Lorenzo.

Asimismo agregó que los planes para que la compañía salga de la bancarrota en 60 días son “terriblemente optimistas”.

El ministro de comercio de Japón, Toshihiro Nicai, dijo que su gobierno dará “pasos sólidos” para mitigar el impacto de la bancarrota de chrysler, en el mercado japonés de auto partes.

La compañía Denso de Japón vendió US$441 millones de piezas para autos a Chrysler en el último año fiscal. La automotriz le debe US$18.7 millones, mientras que la firma Yazaqui reclama US$18.3 millones.

Fuente: BBC Mundo (01/05/09)