En el Boletín Oficial del 22 de enero de este año, se publicó la resolución 26/2009 del Ministerio de la Producción, mediante la cual se impuso la obligatoriedad del trámite de licencias no automáticas para los neumáticos.

Las licencias están alcanzadas por un acuerdo internacional regulado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), y, en nuestro país, ratificado por la ley 24.425. Están destinadas a la evaluación y registro del flujo comercial de distintas mercaderías, a fin de instrumentar medidas de control en aquellos casos en que se detecte la necesidad económica para ello. Es decir, la licencia no puede transformarse en algo permanente, sino que representa una medida temporal de evaluación para la adopción de futuras medidas de política comercial. Sin embargo, en nuestro país, siempre lo transitorio terminó siendo eterno.

En el caso de la resolución 26/2009, en la misma exposición de motivos, se expresa que el fin es precisamente la evaluación de supuestas circunstancias detectadas (no se menciona ninguna) y en forma temporal. Pero tampoco menciona plazo, por lo que el presunto carácter temporal terminará extendiéndose indefinidamente, como con el resto de las licencias no automáticas (calzado, textiles, juguetes, etc.), y siempre con el argumento de la defensa de algún sector productivo nacional.

La propia argumentación de esta resolución es precaria, pues no se explica claramente el motivo, sino que se realizan disquisiciones generales de facultades legales al amparo de acuerdos comerciales y de la ley 24.425 pero que, ante la posibilidad de un debate serio, carecería de solidez argumentativa. No se advierte, entre otras cosas, que la producción nacional no alcanza para abastecer todas las necesidades del mercado respectivo; que las medidas por instrumentar deberían estar dirigidas a equiparar la competencia, en vez de anularla; que se verían afectados numerosos sectores estrechamente relacionados, por lo que quedaría afectada la capacidad del empleo; que la comercialización también es una herramienta generadora de trabajo y progreso, ni que la sustitución de importaciones, en forma directa e indirecta, afecta a ciertos componentes del PBI, cuando, en cambio, en realidad debería alentarse la inversión bruta interna que permita una mayor competitividad en producción, calidad y precio.

Se elige el camino de impedir mayor recaudación por impuestos estrechamente vinculados con la operación de importación y los posteriores por su comercialización.

En síntesis, con esta medida, no se contribuye a fortalecer la industria nacional, sino que se crea una mayor traba para la actividad comercial lícita y generadora de empleo; se desalienta la constitución de más pymes y se perjudica a las existentes. Rever la medida, teniendo presente el carácter transitorio de este tipo de licencias, es un imperativo de la autoridad de aplicación.

Fuente: La Nación (Guillermo J. Sueldo) (03/03/09)